Hoy se cumplen diez meses del incendio en la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, donde fallecieron 49 pequeños y 75 viven con las secuelas de esa tragedia. Ha pasado todo este tiempo, y ninguno de los responsables ha sido castigado. Habrá que esperar el dictamen que hará la Suprema Corte de Justicia con base a la investigación que realizó, de la cual ya tenemos el escandaloso --por lo que revela-- informe preliminar. ¿Ustedes creen que se hará justicia y esta tragedia no quedará impune?
El viernes 5 de junio de 2009 las instalaciones de la Guardería ABC, que era una estancia infantil subrogada del IMSS se incendiaron con el resultado que ya sabemos.
Tras, sobre todo, la insistencia de los padres de que las cosas no se quedaran ahí, la Suprema Corte de Justicia votó hacer una investigación utilizando su controvertida facultad de revisar si hubo violaciones a garantías individuales, que ya ha sido utilizada en otros casos como los de Atenco o el de Lydia Cacho. Gracias a eso tenemos el informe preliminar de la comisión investigadora en el cual se menciona con nombre y apellido a autoridades municipales, estatales y federales, de haber cometido diversas anomalías que terminaron con esta lamentable tragedia.
Es importante señalar que la Suprema Corte decidió hacer una investigación amplia a no sólo lo que sucedió en la Guardería ABC, sino en todo el sistema de Guarderías del IMSS. Hay que precisar que no tiene atribuciones, en este tipo de casos, para dictar sentencia alguna y que su juicio no será vinculante… es decir, que no obligará a nadie a cumplir nada. Aún así se espera que tras el fallo del pleno las diversas autoridades tomen nota y actuen.
Dos de los mencionados en la investigación, con nombre y apellido, son el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours, y el ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social y actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas.
El informe, evidentemente ha provocado olas por lo que señala. Eduardo Bours, ya como exgobernador, luego de darse a conocer el informe preliminar de la SCJN, dio a conocer su propia versión. Dejó en claro cuál era su responsabilidad como mandatario estatal, y de ahí para abajo, cada autoridad, por ejemplo de Protección Civil municipal.
En lo que toca a Juan Molinar Horcasitas, ex director del IMSS y ahora secretario de Comunicaciones y Transportes, informó que estará a disposición de la SCJN a fin de que las investigaciones se lleven a cabo.
Molinar Horcasitas tiene mucho que responder. Los magistrados encargados de elaborar el informe detallaran que adjudicó guarderías sin tener la facultad para hacerlo, y reconocieron: “Quedó probada la hipótesis de que en el otorgamiento de los contratos, operación y vigilancia o supervisión de las guarderías existe un desorden generalizado”. Eso, además que se considera ahora –a más de 20 años que inició el sistema de subrogación—que es ilegal.
Recordemos que los propios encargados de realizar esta investigación detectaron que sólo 14 de las mil 480 guarderías subrogadas, cuentan con todos los requisitos exigidos para su puesta en marcha. Hay detalles alarmantes, como este, que revela que otro caso como el de la Guardería ABC puede pasar en cualquier momento:
--“El 49.9 por ciento de prestadoras del servicio carece de la constancia de protección civil vigente y sólo cuatrocientas siete tienen visto bueno de bomberos vigente…Lo anterior revela la existencia de un sistema normativo carente de eficacia por su inaplicación”.
La verdad, es para cuestionarse qué han hecho las autoridades de los tres niveles de gobierno para supervisar el cumplimiento de todas las reglas para poner en funcionamiento una guardería.
Muchos de los padres de los 49 menores fallecidos no bajan la guardia. Continúan con sus movilizaciones y hoy, a las 6 de la tarde se reunirán como cada día 5 de mes, en la Plaza Zaragoza, frente al Palacio de Gobierno para continuar con su exigencia de justicia.
Ellos lo que buscan es que esta tragedia no quede como uno de los tantos casos que hay en nuestra justicia: impunes. No sólo eso, quieren que esta tragedia no se repita en ninguna estancia infantil.
Como parte de su movilización iniciaron la creación de una serie de “juicios ciudadanos” en contra de los responsables. Son verdaderos actos ciudadanos en los que sin quemar a los culpables en leña verde a priori, se escuchan razones de uno y otro lado. Los presuntos culpables son invitados a asistir a su juicio, se les nombra un abogado defensor…. Y el público asistente es el que funge como jurado.
El primero de ellos lo realizaron el pasado 5 de junio en contra de los socios y dueños de la Guardería ABC: Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, José Antonio Salido Suárez, Sandra Lucía Téllez Nieves y Gildardo Francisco Urquídez Serrano, así como de Alfonso Escalante Hoeffer.
A todos ellos se les consideró “MORALMENTE RESPONSABLES” de los cargos imputados por la fiscal ciudadana ( no someterse a las reglas emitidas por el IMSS, no contratar personal calificado, no responsabilizarse por los daños ocasionados a las víctimas del incendio, no objetar los peligros alrededor de la guardería, y no atender las notificaciones de las autoridades).
También se les condenó a que el próximo 5 de junio a las 2:45 de la tarde, pidan perdón públicamente a los afectados, a quienes defraudaron y a la población en general, en el mismo sitio en el que estuvo la guardería.
Otros de los fallos fueron:
“Quedan inhabilitados de por vida para tener una estancia infantil y custodia de niños por sí mismos o por interpósita persona”.
También deberán “cubrir el monto del capital defraudado a los derechohabientes durante los años que estuvieron subrogando la Guardería ABC, atendiendo personalmente a los niños que han quedado lesionados y a sus familiares”.
También quedaron inhabilitados para el goce de sus “derechos políticos y para estar inscritos en cualquier nómina de las instituciones del Estado ya sea a nivel municipal, estatal o federal, mientras que no se cumplan las sanciones impuestas por esta asamblea ciudadana”.
Pero quizás una de las exigencias y veredicto más importante es que piden a las autoridades reclasificar los delitos de “homicidio y lesiones cometidos en perjuicio de las víctimas del incendio, como delitos graves/dolosos”. Ustedes saben: a la fecha este delito –la muerte de 49 niños es considerado no grave, por increíble que parezca.
Será el próximo 5 de mayo, cuando nuevamente se lleve a cabo un juicio ciudadano, ahora será en contra del Estado y gobierno de Sonora, a fin de que se responsabilicen por sus omisiones. En un evento posterior se hará uno en contra del Estado Mexicano.
Mientras tanto, hoy, a propuesta de varios tuiteros, se propone un silencio en la red social, de las 6 a las 6:49, un minuto por cada uno de los 49 menores fallecidos. También postear sus nombres… Además, comienza a tomar forma la petición de los padres de los menores muertos, de expropiar el terreno en donde alguna vez estuvo esa estancia infantil.
Por si quieren recordar cada uno de los nombres, aquí les dejo la liga donde pueden revisar la lista.
¿Creen que antes de que se cumpla el año finalmente podamos conocer quiénes fueron los responsables de esta tragedia? ¿Creen que sea posible que las autoridades del IMSS pongan orden en el funcionamiento de las guarderías? ¿Se suman a los 49 minutos de silencio en Twitter en memoria de los menores fallecidos?
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